El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebró este martes en Alemania la primera audiencia en la que se trató la solicitud de Argentina para impulsar medidas provisionales contra el Reino Unido, con el fin de frenar la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.
La delegación nacional se hizo presente en la ciudad de Hamburgo para exponer su planteo contra el proyecto Sea Lion, desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
El Ejecutivo había presentado su solicitud el 13 de octubre, cuando invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
El diplomático Mario Oyarzábal encabezó el equipo que representa los intereses argentinos. Lo acompañaron el letrado Marcelo Kohen, el exjuez ad hoc del Tribunal del Mar, Nico Schrijver y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal.
Se trata de la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada a la soberanía sobre las Islas Malvinas.
“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, manifestó Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería.
El Gobierno argentino cuestionó que el Reino Unido autorizó “unilateralmente” la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental circundante a las Islas Malvinas. “Es un territorio sujeto a una disputa de soberanía cuya descolonización sigue pendiente”, advirtió.
También apuntó que pese al reclamo argentino, anunciaron que iban a comenzar con la perforación a principios de 2027, fecha que las autoridades británicas aplazaron al 21 de marzo del próximo año. Incluso, prorrogaron por cinco años las licencias de producción de hidrocarburos y se negaron a adoptar las medidas provisionales, lo que “agravó la controversia”.
Según el proyecto, Sea Lion contempla la explotación petrolera de la cuenca durante 35 años, con la posibilidad de alcanzar la perforación de 23 pozos de producción, y prevé nuevas etapas de desarrollo.
Oyarzábal reconoció que el pedido al Tribunal, que depende a su vez de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), no apunta a resolver el problema de fondo, que es el reclamo de la Argentina al Reino Unido sobre las islas del Atlántico Sur, sino a frenar medidas económicas y medioambientales sobre los recursos naturales del disputado archipiélago que no tendrán vuelta atrás una vez que comiencen.
“La perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marino. El petróleo una vez sustraído no puede ser devuelto”, aseguró. Y enfatizó que ninguna indemnización posterior “podría restablecer el status quo”.